El viernes 24 de octubre de 1986, poco antes de las 7 de la mañana, un grupo de 15 niños de entre 10 y 12 años desapareció sin dejar rastro en algún punto de la carretera secundaria que conecta Cuetzalan del Progreso con la sierra de Teteles de Ávila Castillo en el estado de Puebla. La excursión organizada por la escuela primaria Benito Juárez de Cuetzalán había sido planeada para visitar una zona arqueológica cercana como parte de las actividades culturales del mes.

El trayecto previsto no superaba los 40 km y los padres habían firmado las autorizaciones dos semanas antes, confiando en que el transporte contratado y el itinerario oficial garantizaban un viaje seguro. Aquel día, el cielo amaneció encapotado con una llovisna persistente que empapaba los empedrados del pueblo. A las 06:58, según el testimonio de un comerciante del mercado central, el autobús escolar color crema con franjas verdes laterales y la matrícula escrita a mano en el parabrisas trasero fue visto por última vez bajando lentamente por la cuesta rumbo a la salida del municipio.

Dentro iban los 15 alumnos, ocho niñas y siete niños, acompañados por la profesora interina Magdalena Ruiz y un conductor externo llamado Lázaro Rosales, contratado para cubrir el trayecto debido a la baja médica del chófer habitual. Pasaron las horas y el autobús no regresó. A las 16:00, algunas madres comenzaron a agruparse frente a la escuela, desconcertadas por el silencio. La directora no tenía información. A las 17:10, un padre de familia acudió al puesto de la policía municipal a reportar la ausencia del grupo.

La primera patrulla fue despachada 20 minutos más tarde, pero al caer la noche, con las lluvias intensificándose y la visibilidad reducida, la búsqueda se interrumpió tras cubrir apenas 10 km de la ruta programada. Al día siguiente, voluntarios, soldados y vecinos se sumaron a la búsqueda, revisando caminos secundarios, cañadas y cruces rurales. No había huellas del autobús, ni restos de neumáticos, ni señales de accidente. Tampoco llamadas, notas, peticiones, solo el silencio. Un silencio que desde aquel día quedó incrustado en las paredes de cada casa de Cuetzalan, donde un niño no volvió a cruzar el umbral.

Los registros del libro de tránsito escolar fueron verificados. Todo parecía estar en regla: nombres, firmas, fecha, destino, pero algo no cuadraba. La familia de la profesora insistía en que ella no conocía la zona arqueológica asignada como destino. Nunca había estado allí. Algunos padres recordaban vagamente que durante la junta informativa se había mencionado un sitio distinto. La confusión creció. El único adulto fuera del sistema escolar, el conductor Lázaro Rosales, tenía un expediente irregular. Había sido contratado a través de una subempresa tercerizada, sin documentación local ni referencias oficiales.

Para cuando quisieron contactar con él, ya era demasiado tarde. No volvió a presentarse a ningún sitio, su dirección en el archivo era falsa y su ficha laboral se evaporó junto con el autobús. Ese día, 24 de octubre de 1986, se convirtió en una herida abierta. Los medios nacionales cubrieron el suceso durante una semana, luego desapareció de los titulares. Las familias, sin cuerpo, sin restos, sin testimonio, fueron empujadas al abismo de la espera muda. Algunos padres murieron sin respuestas, otros siguieron peregrinando cada año por caminos olvidados, con la fotografía del niño doblada en el bolsillo y la pregunta intacta.

Durante los primeros años posteriores a la desaparición, las búsquedas oficiales se volvieron esporádicas y, con el tiempo, casi simbólicas. Las promesas de las autoridades estatales de llegar hasta el fondo se desvanecieron entre cambios de administración y carpetas archivadas sin resolver. Los padres fundaron un pequeño comité ciudadano llamado Voces de Octubre y, cada aniversario, organizaban caminatas de silencio por las calles de Cuetzalán, portando pancartas con las fotografías de los 15 niños. En cada marcha, una fila de veladoras precedía los nombres leídos en voz alta, como si enunciarlos fuera una forma de no dejar que la tierra los tragara por completo.

El comité consiguió, durante años, pequeñas ayudas para continuar la búsqueda: una retroexcavadora donada por una organización canadiense, mapas topográficos cedidos por la Universidad de las Américas, incluso el apoyo de un par de investigadores que creían que el caso podía estar vinculado a una red de trata activa en los años 80. Pero ninguna pista prosperó. En 1993, un sacerdote franciscano dijo haber visto el autobús en una carretera cerca de Zacapoaxtla, pero al enviar brigadas no hallaron nada. En 2001, un artículo en un periódico de la capital afirmaba que uno de los niños había sido localizado en Monterrey.

Era falso. En 2009, una llamada anónima aseguraba que el autobús estaba hundido en un canal agrícola entre Tlatlaukitepec y Hitamalco. Se drenó el tramo, pero no encontraron nada. La lista de falsas alarmas creció como una broma macabra del destino, alimentando la frustración y debilitando la esperanza. En 2010, el comité Voces de Octubre apenas contaba con cinco miembros activos. De los padres originales, solo quedaban tres; los demás habían fallecido o se habían mudado. Algunas familias vendieron sus casas y partieron del pueblo, incapaces de convivir con la sombra.

Otras adoptaron el silencio como forma de resistencia. El caso fue oficialmente cerrado por la fiscalía en 1998, aunque una nueva carpeta digital se reabrió en 2012 como parte de una iniciativa para revisar desapariciones históricas no resueltas. No trajo resultados. Las pruebas eran mínimas, los documentos estaban incompletos, las versiones eran contradictorias. En 2018, cuando se cumplieron 32 años de la desaparición, un periodista de Puebla capital publicó un reportaje titulado El autobús fantasma de Cuetzalán. El texto, aunque bien escrito, no contenía revelaciones, apenas una reconstrucción de hechos ya conocidos, sin fuentes nuevas ni hipótesis sólidas.

Aún así, el artículo circuló por redes sociales y reavivó el recuerdo de aquellos niños cuyo rastro se había esfumado entre el asfalto húmedo y los pliegues de la sierra. Y, sin embargo, el suelo aún guardaba memoria. La mañana del 3 de marzo de 2019, tres operarios de la empresa Infratel Comunicaciones Rurales trabajaban en la ladera boscosa de un ejido comunal a 7 km al norte de Teteles de Ávila Castillo. En 1980, un claro donde se proyectaba instalar una torre de telecomunicaciones de 30 m.

El terreno, denso y cubierto de maleza, había permanecido virgen durante décadas. Los vecinos lo evitaban, decían que allí se hundían los machetes sin eco y que el agua sabía a hierro cuando se cavaba muy profundo. Durante las primeras excavaciones, una de las retroexcavadoras topó con algo metálico. Un ruido seco, hueco, como de golpe contra una carcasa olvidada. El operador detuvo la máquina y, al descender, descubrieron lo que parecía un fragmento oxidado de la defensa delantera de un vehículo.

Al remover la tierra con más cuidado, emergió una placa blanca doblada, cubierta de óxido y raíces. La matrícula coincidía con los archivos escolares de 1986. La policía local fue notificada, pero fue el forense de Tesiutlán, el Dr. José Heredia, quien confirmó la magnitud del hallazgo. Lo que descansaba allí, bajo apenas metro y medio de tierra compactada y musgo, no era un simple vehículo abandonado. Se trataba del autobús escolar desaparecido hacía 33 años. El chasis estaba semienterrado, con la carrocería severamente deformada por la humedad y el peso del terreno, pero aún reconocible.

Parte del toldo había colapsado, las ventanillas estaban rotas. Al ingresar con linternas, los peritos localizaron objetos personales incrustados entre el lodo y los restos de los asientos. Mochilas en estado de descomposición, cuadernos ilegibles, un zapato infantil con la suela intacta, restos de crayones y fichas escolares con los nombres aún visibles impresos en cinta adhesiva de color rojo. En uno de los extremos del vehículo aún colgaba una bolsa de tela con bordados en hilo azul. Dentro había una merienda enmohecida y un sobre sin abrir con dibujos infantiles destinados a ser regalados a los padres al regresar.

En el fondo del autobús, atrapado entre dos asientos metálicos, había una libreta cuadriculada parcialmente destruida por la humedad. Algunas páginas estaban manchadas de óxido y hongos, pero otras conservaban fragmentos de escritura infantil. No había nombres completos, solo iniciales, pero una anotación llamó la atención del equipo: “El maestro no viene, vamos a otro lado, dicen que hay una cabaña.” La frase, escrita con lápiz de grafito débil, estaba subrayada dos veces, como si hubiese sido un pensamiento inquieto que merecía ser recordado.

Al excavar bajo el chasis, los arqueólogos forenses encontraron una caja metálica oxidada con cierre doble. Parecía haber sido deliberadamente escondida en un compartimento cavado con herramientas rudimentarias. La tierra alrededor mostraba señales de haber sido removida a mano y dentro, bajo tres capas de plástico y tela impermeable, había documentos escolares sellados. Copias del itinerario original, formularios con firmas y sellos oficiales, y una hoja adicional con correcciones hechas a mano. Esta hoja tenía un nuevo destino anotado en bolígrafo azul: Rancho El Sensontle, vía Loma Alta.

Ese lugar no aparecía en los papeles oficiales. La caja también contenía un sobre con documentos administrativos de la época. Una factura a nombre de una empresa privada de transporte, un recibo por servicio especial fechado el 23 de octubre de 1986 y un mapa doblado con rutas subrayadas en rojo. El sobre llevaba un membrete en relieve: Fundación Educativa Cañada Verde Ace. Ninguna autoridad local había oído hablar de ella. En el reverso del mapa, alguien había anotado con letra apresurada: “Ruta 2, acceso oculto por el río.” Los forenses delimitaron la zona.

Durante los cinco días siguientes, se extrajeron restos óseos en fragmentos: 11 cráneos infantiles, huesos largos y tejidos orgánicos adheridos a prendas escolares. Algunos de los restos estaban apilados en el fondo del vehículo, como si hubieran sido acomodados con premura. En un extremo del autobús, bajo el asiento del conductor, hallaron una cruz de palma trenzada entre los resortes oxidados, casi intacta. También se recuperó una cajetilla de cerillos, un llavero metálico con la palabra esperanza grabada, y una pulsera rota con cuentas de madera.

Los análisis genéticos realizados en la Ciudad de México confirmaron en un mes la identidad de 11 de los 15 niños. La libreta, la caja y los documentos fueron trasladados bajo custodia al Ministerio Público. La profesora y el conductor seguían desaparecidos. Uno de los objetos encontrados, una pequeña placa de identificación grabada con las iniciales MR y la fecha 1984, despertó el interés de los investigadores, ya que no coincidía con ninguno de los nombres del grupo escolar. Esto levantó la sospecha de que ese autobús pudo haber transportado a otros menores antes o después de la excursión.

La noticia estalló en medios regionales primero, luego a nivel nacional. Las imágenes del autobús oxidado, semienterrado y cubierto de raíces, inundaron noticieros y redes. Padres envejecidos, algunos en silla de ruedas, fueron filmados frente al lugar del hallazgo, sosteniendo retratos enmarcados que parecían haber estado aguardando ese instante durante más de tres décadas. Un sacerdote de Cuetzalán bendijo la tierra removida y rezó en voz baja. Una madre que había perdido a dos hijos gemelos en la excursión colocó sobre la defensa oxidada una cartulina con un mensaje sencillo: “Gracias por devolverme el silencio”.

Dos días después del descubrimiento, un técnico de Lina halló entre la tierra removida en el perímetro trasero del autobús una botella plástica semienterrada que contenía, protegidos por una bolsa con doble nudo, tres carretes fotográficos sin revelar. Uno de ellos mostraba signos de exposición, pero los otros dos fueron enviados al laboratorio fotográfico de la Secretaría de Cultura. Los negativos, aunque dañados por el tiempo, revelaron imágenes fragmentadas de una jornada escolar: niños bajando del autobús en un paisaje montañoso, risueños, alineados junto a una cabaña de madera con techo a dos aguas.

En una de las tomas más nítidas, una mujer joven, probablemente la profesora Ruiz, sostiene una carpeta marrón y sonríe a la cámara. Detrás de ella, parcialmente oculto, se distingue un letrero de madera pintado con las letras “Ranchos enle”, el resto desvanecido. Ese hallazgo visual alimentó aún más el desconcierto. El rancho no figuraba en ningún itinerario oficial. Nadie recordaba que se hubiese mencionado como destino alternativo. Una búsqueda catastral arrojó que el terreno en 1986 estaba registrado a nombre de un hombre llamado Eugenio Bársenas Revilla, un empresario del ramo avícola que murió en 1991 en circunstancias poco claras.

Lo que despertó mayor alarma fue que, en un informe archivado en la extinta Dirección Federal de Seguridad, Bársenas figuraba como donante de la desaparecida Fundación Educativa Cañada Verde AC, señalada en su momento por recibir fondos de origen no verificado y operar sin licencias oficiales. Conforme se abría la caja documental, nuevas líneas de investigación emergieron. Un informe olvidado de 1987 mencionaba un accidente vehicular ocurrido a 12 km del rancho, en el que un camión de carga sin placas había volcado durante la madrugada.

El chófer sobrevivió, pero nunca se le tomó declaración. Esa misma semana, un trabajador de caminos rurales, hoy jubilado, se presentó voluntariamente en la fiscalía. Declaró con voz temblorosa que esa zona siempre estuvo cerrada con cadenas y que, una vez, al pasar con su cuadrilla por los linderos del rancho, escucharon voces de niños y luego nada más. Un silencio como de fosa. Durante una segunda excavación, a 300 m del autobús, fue descubierto un agujero cubierto con ramas y hojas secas.

En su interior había una lona enrollada, con dos uniformes escolares femeninos, una cantimplora abollada y una cartulina blanca parcialmente descompuesta que parecía haber formado parte de una pancarta: “Gracias por traernos, profe.” La escena fue fotografiada y sellada por peritos. No había restos humanos en esa segunda fosa, pero sí una espiral de pistas que habría más preguntas que respuestas. El hallazgo del 3 de marzo no solo abrió una tumba, abrió un archivo moral que había sido sellado con negligencia, corrupción y cobardía.

El autobús oxidado, cubierto de raíces, se convirtió en una prueba viva del paso del tiempo y del silencio impuesto. Y en esa tierra removida, donde los machetes no sonaban y el agua sabía a hierro, por fin se comenzó a escribir lo que el país les debía: una verdad con nombres, fechas y cuerpos. El 4 de abril de 2019, exactamente un mes después del hallazgo del autobús, se creó por decreto estatal la Unidad Especial de Investigación para Casos Históricos de Desaparición Infantil.

Estaba compuesta por antropólogos forenses, criminalistas, un equipo legal, una documentalista del Archivo General del Estado y un fiscal adjunto nombrado de manera directa por el gobernador. Desde el inicio, las tensiones internas eran evidentes. La presión mediática y la atención nacional habían puesto al caso en el centro del debate público y cada paso en falso se amplificaba en noticieros, columnas de opinión y redes sociales. Algunos sectores acusaban a la fiscalía de querer fabricar culpables viejos, mientras otros, entre ellos familiares y organizaciones de derechos humanos, exigían una revisión integral de los archivos de los años 80, especialmente los vinculados a la Fundación Educativa Cañada Verde.

La primera semana de trabajo estuvo centrada en el análisis profundo de los documentos hallados en la caja metálica: el itinerario corregido, el mapa anotado, los recibos y las actas firmadas. El equipo forense digitalizó cada página y realizó un peritaje de tinta y papel. Determinaron que la corrección manuscrita del destino no se hizo con el mismo bolígrafo que el resto del documento y que la letra coincidía con un estilo caligráfico masculino. El nombre del rancho El Sensontle aparecía también en el reverso del mapa como punto de referencia, junto a coordenadas que, al ser cruzadas con imágenes

satelitales, revelaron una construcción abandonada: una estructura de madera de dos niveles con techo de lámina oxidada y una cisterna colapsada. El lugar estaba cubierto de maleza, pero algunos restos seguían visibles. La unidad especial viajó hasta el sitio el 13 de abril. La cabaña, apenas sostenida por los restos del entramado original, tenía señales de haber sido habitada a corto plazo. En el piso de la planta baja hallaron fragmentos de losa escolar, una cuchara metálica con grabado industrial y una caja de lápices que todavía tenía el logo de una papelería desaparecida en 1989.

En la pared del fondo, con trazos de carbón vegetal, alguien había escrito una palabra, ahora desfigurada por la humedad. Apenas podían leerse tres letras: “nos”, antes de que el trazo se disolviera en la madera corroída. Los archivos históricos mostraban que el rancho fue adquirido en 1983 por Eugenio Bársenas Revilla, el mismo nombre que aparecía en el expediente fiscal como patrocinador de la fundación educativa. La fundación había sido oficialmente disuelta en 1990, pero la búsqueda hemerográfica reveló que había recibido en sus primeros 4 años cerca de 19 autorizaciones para organizar jornadas recreativas de formación escolar en comunidades marginadas del Estado.

Ninguna de esas visitas figuraba con informes finales. Varios de los planteles enlistados ya no existían y otros negaban tener vínculos con la institución. Uno de los nombres, sin embargo, llamó la atención: Escuela Primaria Mariano Matamoros en Zapotitlán de Méndez, reportada como participante en un programa en 1985. Cruzando los datos con expedientes de la época, se identificó una desaparición doble ocurrida ese año: dos hermanos, de 9 y 11 años, no regresaron tras una salida escolar. El caso fue archivado por fuga voluntaria.

Nunca se localizó el autobús. En mayo, el equipo de la unidad logró ubicar a dos antiguos colaboradores de Bársenas, hoy septuagenarios. El primero, Jesús Castañeda, vivía en una casa humilde en las afueras de Tlapacoya. El segundo, Rubén Ortega, había sido recientemente internado en una residencia geriátrica por demencia incipiente. Castañeda, tras varias horas de entrevistas, admitió que Bársenas organizaba traslados especiales con menores, pero alegó ignorar sus fines. Describió una ocasión en octubre de 1986 en que un autobús llegó al rancho a media tarde: “Nos dijeron que era una visita pedagógica, pero los niños no bajaban, solo el conductor y una mujer, creo que era la maestra, entraron a la cabaña.” Después hubo gritos, luego silencio.

El testimonio fue registrado en video, pero su valor jurídico era limitado. Ortega, en un momento de lucidez, murmuró una frase que quedó grabada en el expediente: “No sabíamos que eran tantos, pensábamos que era un intercambio. Luego dijeron que salió mal.” Las autoridades trataron de reconstruir la escena. El hallazgo de una segunda fosa, cerca del autobús, con ropa adulta, una libreta de calificaciones y un cinturón con hebilla rota, llevó a pensar que la profesora Ruiz pudo haber intentado huir con alguno de los niños.

El cinturón tenía rastros de sangre seca y la libreta contenía notas con fecha del día anterior a la desaparición. El nombre Magdalena aparecía en la última hoja, acompañado de un mensaje escrito en mayúsculas: “Siento el silencio en la boca.” El análisis de ADN sobre fragmentos orgánicos encontrados en la hebilla y la libreta confirmó, semanas después, que ambos coincidían con registros de la familia Ruiz. La profesora, según los informes oficiales, probablemente fue asesinada el mismo día de la desaparición, pero su cuerpo nunca fue localizado.

En julio, el Ministerio Público entregó un informe preliminar donde se establecía que el desvío de la excursión fue intencionado. Que el conductor, Lázaro Rosales, no existía bajo ese nombre en ningún registro oficial previo a 1986 y que se trataba de una identidad fabricada. Las firmas en los documentos escolares eran legítimas, pero no correspondían al personal activo en la escuela en esa fecha. El expediente sugería que los menores fueron trasladados con fines de tráfico, probablemente bajo una fachada educativa, y que algo salió mal en el proceso.

Una venta frustrada, como lo mencionó uno de los excolaboradores. Los últimos días de agosto, en un acto íntimo y sin cámaras, se entregaron urnas con restos identificados a las familias. El gobierno organizó una ceremonia oficial en la plaza de Cuetzalán, pero solo ocho familias asistieron. El resto prefirió velar en privado. Una mujer, al recibir la caja con los restos de su hija, dijo en voz baja: “Te encontré, aunque me lo negaron 30 años.” En septiembre, la fiscalía anunció la detención formal de Jesús Castañeda por complicidad en encubrimiento y falsedad de declaraciones.

Su salud era frágil, pero accedió a colaborar. Reveló que el rancho funcionó durante 3 años como centro de captación de menores, siempre con rutas alternativas trazadas fuera de las carreteras principales. Afirmó que al menos dos alcaldes locales estaban enterados, pero nunca hubo registros escritos. Dijo haber enterrado documentos en una fosa cercana al algibe, pero cuando los peritos excavaron, solo encontraron un recipiente vacío. La reacción pública fue inmediata. Organizaciones civiles exigieron la reapertura de todos los casos de desaparición infantil archivados entre 1980 y 1990.

La presión mediática hizo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciara una investigación paralela. En octubre, la Secretaría de Gobernación anunció la creación de un fondo para revisar 123 expedientes en los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Mientras tanto, Cuetzalán recuperaba lentamente su nombre entre titulares. El caso no concluyó con castigos ejemplares. La mayoría de los responsables estaban muertos, enfermos o inaccesibles. El Estado, por su parte, admitió omisiones propias de la época sin hacer autocrítica profunda.

Pero el país entero escuchó por primera vez en más de tres décadas los nombres de aquellos niños, y aunque el peso de la impunidad era todavía insoportable, algo se rompió en ese octubre de 2019. El muro del olvido, y en su lugar comenzó a crecer una memoria tosca, herida pero férrea, porque el silencio por fin había empezado a hablar. El 2 de noviembre de 2019, en coincidencia con el Día de los Fieles Difuntos, se celebró en Cuetzalán del Progreso una ceremonia austera, sin estrado ni discursos oficiales.

La presidía una cruz de madera tallada a mano, erigida en el punto exacto donde emergió la defensa oxidada del autobús. En torno a ella, las familias dispusieron 15 veladoras, cada una con una cinta roja y un nombre de pila escrito en caligrafía replicada a partir de los cuadernos rescatados. Sobre una mesa de piedra se colocaron pequeñas ofrendas: una regla de madera, un trompo de cuerda, un libro de catecismo, una trenza de listones azules, un rosario roto, una lonchera de lata abollada.

Ningún discurso se pronunció ese día, solo el silencio firme y sin adornos fue el lenguaje que unió a los asistentes. Algunos familiares, ya ancianos, permanecieron sentados bajo los árboles, sin moverse, como si el duelo hubiese adquirido una forma mineral. Otros, en voz muy baja, rezaban el rosario con los ojos cerrados, sin avanzar las cuentas, repitiendo siempre la misma oración. A las 6 en punto, una campana de bronce resonó en la torre de la parroquia. Cada repique, breve y hueco, recordaba a los niños perdidos, no como víctimas, sino como testigos silenciosos de una época marcada por la impunidad.

Ese mismo día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un pronunciamiento final sobre el caso, reconociendo omisión estructural, negligencia institucional prolongada y complicidad pasiva de autoridades locales en el proceso de investigación. Pero no se ofrecieron nombres, tampoco indemnizaciones. El documento hablaba de compromiso con la verdad histórica y honra a la memoria colectiva, términos abstractos que no curaban, pero al menos ya no negaban. Las escuelas de Cuetzalán, por primera vez en más de 30 años, guardaron un minuto de silencio oficial.

La primaria Benito Juárez, de donde partió el autobús, los alumnos actuales, que no habían nacido cuando ocurrió la tragedia, decoraron la entrada con dibujos de árboles y caminos, con frases como: “No están solos” y “Somos la voz de los que no volvieron.” Una niña de 11 años, frente a toda su clase, leyó una carta dirigida a los 15 estudiantes desaparecidos: “No los conocí, pero hoy los nombro. No sé sus caras, pero sé que estaban aquí. Hoy somos más, porque volvimos a contaros.” En los medios, el caso fue perdiendo protagonismo.

Un nuevo escándalo político, una tragedia reciente, una elección próxima. El ciclo de la información avanzó, pero en Cuetzalán algo había cambiado. Las familias que durante décadas habían vivido con la certeza del olvido, ahora tenían una verdad fragmentada y dolorosa, pero verdad al fin. Tenían restos, nombres, pruebas. Tenían fecha, lugar y motivo. No justicia plena, pero sí memoria. Y esa memoria, terca, persistente e insobornable, era en su forma más pura, una forma de reparación. No curaba la herida, pero le daba contorno, la hacía visible.

Porque lo más devastador no había sido la muerte, había sido el silencio.