Buenas noches, México. Eh, hoy les traigo una noticia más de nuestro querido país. Acabamos de ejecutar un cateo coordinado en la casa oficina de Anayeli López Hernández en Libres, Puebla, a las 5 horas 42 minutos del jueves 24 de octubre. La delegada que renunció voluntariamente después de su vinculación con el cártel Jalisco Nueva Generación, dejó más que un comunicado, dejó una agenda negra, una camioneta de más de un millón de pesos y un rastro de favores que no caben en 19,44 pesos mensuales. Ella renunció pensando

que eso cerraría el caso. Nosotros apenas estábamos abriendo la carpeta. El operativo arrancó apenas 4 horas después de que la Secretaría del Bienestar en Puebla publicara ese comunicado tibio sobre la separación voluntaria. Coordiné con la Fiscalía Estatal a las 2 de la madrugada.

 Necesitábamos orden judicial firmada antes del amanecer. A las 5:15, tres camionetas sin torretas entraron por la calle lateral. Perímetro asegurado sin sirena, sin escándalo. La célula ciberforense iba en el segundo vehículo con maletas pelican negras. El plan era claro, papeles, teléfonos, chips, facturas, llaves y acceso a todo dispositivo antes de que alguien tuviera tiempo de limpiar nada.

 La casa oficina estaba en una zona residencial donde los vecinos todavía dormían. Toqué la puerta tres veces, nadie respondió. Ordené la entrada forzada. El sonido del ariete contra la chapa metálica rompió el silencio de la cuadra. Adentro las luces estaban apagadas, pero había movimiento en el segundo piso.

 Escuché pasos rápidos, cajones abriéndose, algo pesado arrastrándose. Subí las escaleras con dos agentes, una puerta cerrada al final del pasillo. La abrí de una patada. López Hernández estaba frente a una ventana abierta con una bolsa de lona en la mano y el teléfono en la otra. Le dije que soltara la bolsa.

 Ella la dejó caer al piso. Adentro había una laptop, dos teléfonos adicionales y una libreta negra. El agente a mi lado aseguró los dispositivos mientras yo le notificaba formalmente la orden de cateo. Sus manos temblaban. En la cochera eh encontramos lo que el análisis de Instagram nos había anticipado, una Jeep Wrangler Rubicon Gris metalizado con placas recién expedidas.

 Las llaves estaban en un cajón de la cocina junto con la factura del vehículo. Adquisición a inicios de octubre, valor superior al millón de pesos, registrada a nombre de López Hernández. Eh, le pregunté quién le había regalado una camioneta de ese precio. Ella dijo que era un préstamo familiar. Le pregunté, “¿De qué familia sale un millón de pesos en efectivo?” silencio.

 Ordené el aseguramiento inmediato con cadena de custodia completa. Un obsequio así siempre devuelve favores. Revisé la libreta negra que había intentado tirar por la ventana. Las páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas, alias, montos, fechas. Reconocí varios nombres de carpetas anteriores. Uno de esos alias era NASA. Le mostré la página donde ese alias aparecía 16 veces en 8 meses junto a cantidades de cinco y seis cifras.

 Le dije que NASA era el diminutivo de Nazario N, el empresario poblano detenido por vínculos con el CJNG. Ella insistió en que su relación con él era reciente y profesional. Le mostré la primera fecha anotada, febrero del año pasado. 11 meses antes. Ella dejó de hablar. Junto a la agenda había una bolsa Ziplock con ocho tarjetas SIM sin registro y dos teléfonos celulares apagados.

 Ordené análisis de email inmediato y crucé con antenas de telefonía en Puebla y Jalisco. El papel no presume, incrimina. Eh, salario oficial 19,44 pesos mensuales. Abrí su perfil de Instagram en mi teléfono. Bolsas Hermés, Viajes a Cancún y Los Cabos, restaurantes de alta cocina, relojes de marca. La última publicación era de 5 días atrás.

 Ella posando junto a la Rubicón con lentes de sol y sonrisa perfecta. Le pregunté cómo financiaba ese estilo de vida con su sueldo. Ella dijo que tenía ahorros. Le pregunté de cuántos años de no comer, no pagar renta y no gastar un peso. Silencio otra vez. Los likes también lavan. El registro del primer piso reveló algo que no esperaba encontrar tan rápido.

 En un archivero metálico había carpetas con oficios administrativos. Tomé una al azar. documentaba entrega de material de construcción a una comunidad rural, folio consecutivo. Tomé la siguiente. Registrada compra de artículos de lujo europeos con entrega a domicilio particular. Mismo folio, misma fecha, misma firma.

 Le mostré ambos documentos. Ella dijo que debía ser un error administrativo. Le dije que los errores no se repiten 30 veces en 6 meses. Era un sistema. Ella pidió hablar con un abogado. A las 9 de la mañana recibí una llamada del equipo de vigilancia externa. Un vehículo había salido del domicilio de la madre a alta velocidad 20 minutos atrás.

 Placas registradas a nombre del hermano. A las 9:30 lo detuvieron en un retén sobre la carretera Puebla. Llevaba dos maletas en el asiento trasero. Adentro ropa efectivo por 200,000 pes y tres teléfonos celulares. Cuando le preguntaron a dónde iba con 200,000 pes en efectivo, no respondió. Lo trasladaron a nuestras instalaciones. Cuando alguien huye con maletas, efectivo y teléfonos múltiples, ya no es testigo, es parte de la operación.

 El volcado del primer teléfono de López Hernández comenzó a arrojar resultados a media mañana. Conversaciones con contactos guardados, solo con iniciales. Lenguaje codificado, pero obvio. El paquete del 15 quedó listo. Confirma antes de mover. ¿Cuánto para el apoyo del 30? Respuesta, 50. Como siempre. El perito me mostró fotos borradas pero recuperables.

 Una mostraba a López Hernández junto a Nazario N en una escena privada. No era un evento público. Había otras cuatro personas en la mesa, dos identificadas como operadores financieros del CJNG. Metadatos, fecha de captura casi dos años atrás. Cada emoji un rastro. A las 11 el hermano estaba en sala de interrogatorio.

 Le mostré los estados de cuenta de su tarjeta, cargos mensuales por más de 30.000 1000 pesos. Sueldo 23,000. Le mostré el comprobante de nómina de López Hernández, 19,44. Le pregunté cómo alguien con ese sueldo mantiene una Rubicón, viaja constantemente y además le pasa dinero a su familia. Bajó la mirada, dijo que no hacía preguntas.

 Le dije que cuando no haces preguntas pero gastas el dinero, te conviertes en parte del sistema. Le mostré los 200,000 pesos que llevaba en las maletas. Le dije que teníamos tres de sus teléfonos en en análisis forense”, pidió un abogado. Los análisis de las tarjetas SIM revelaron algo crítico. Dos chips habían estado activos hasta hacía 70 y 2 horas en libres, Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepatitlán, todas ciudades con presencia documentada del CJNG.

 Uno había llamado a López Hernández la noche del 23 de octubre, pocas horas antes de su renuncia, duración 18 minutos. Alguien le había avisado que el cerco se cerraba. A primera hora de la tarde, un empleado administrativo de la delegación se presentó en nuestras oficinas con una caja de documentos. Llevaba meses preocupado por irregularidades, pero tenía miedo de reportarlas.

 Abrí la caja. Adentro había copias de oficios originales que no coincidían con las versiones archivadas oficialmente. Los montos eran distintos, los beneficiarios eran distintos. dos versiones de la misma realidad, una para auditorías y otra para operaciones reales. Me dio tres nombres de funcionarios que participaban en la validación de documentos.

 Si el folio se duplica, el hogar sonríe. El cateo a la bodega alterna se ejecutó a las 4 de la tarde, zona industrial de libres. Cuando el equipo forzó la entrada, encontraron artículos de marcas de lujo, aún con etiquetas, 18 bolsas de diseñador, 12 pares de zapatos de alta gama, seis relojes, valor aproximado 300,000 pesos, comprados con presupuesto público destinado a programas sociales, nunca entregados a ningún beneficiario legítimo.

 Mientras documentábamos, uno de los agentes encontró una caja fuerte empotrada en la pared trasera, medio oculta detrás de un estante. Un serrajero tardó 40 minutos en abrirla. Adentro había fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos con las bandas del banco, cerca de 900,000 pesos en efectivo. También había un sobre Manila con contratos de compraventa de propiedades en Puebla y Querétaro a nombre de empresas Fantasma.

 Es efectivo no venía de un sueldo de 19,000. La madre compareció como testigo a las 6 de la tarde con un abogado privado caro. Los registros bancarios mostraban que las transferencias que cubrían su renta venían de cuentas empresariales vinculadas a proveedores fantasma, no de cuentas personales de López Hernández. Su abogado solicitó un receso.

 Cuando la casa está llena, alguien paga la luz. A las 7 de la noche, el análisis forense del teléfono principal de López Hernández reveló algo que cambiaba completamente el alcance de la investigación. Conversación del 19 de octubre con un contacto guardado como J. Mensaje textual. Necesito que el apoyo para la obra del cerro se detenga tres semanas.

 ¿Van a mover material por esa ruta? Respuesta de López Hernández. ¿Entendido? Cancelo la supervisión programada. Otro mensaje del 5 de octubre. El paquete grande llega el martes, asegura que no haya retenes en la lateral. Respuesta. Ya con tránsito, ruta libre de 6 a 8 am. López Hernández no solo desviaba recursos, facilitaba operaciones logísticas del cártel usando su posición institucional para despejar rutas y cancelar supervisiones.

 El viernes 25 por la mañana, López Hernández accedió a a declarar. Llegó con tres abogados. Yo entré con 12 carpetas de evidencia. Le mostré la foto recuperada donde aparecía con Azario N y operadores del CHNG. Le mostré los mensajes coordinando rutas libres para movimientos del cártel. Le mostré los oficios duplicados y los productos de lujo acumulados en la bodega.

 Le dije que sus abogados no iban a poder explicar 900,000 pesos en efectivo ni mensajes explícitos facilitando operaciones criminales. Dejó de mirarme a los ojos. El sábado 26 por la mañana recibí una llamada del jefe de análisis forense. Necesitaba que viera algo inmediatamente. Llegué a las instalaciones en 20 minutos.

 me mostró uno de los tres teléfonos que el hermano llevaba en las maletas cuando intentó huir. Era un dispositivo diferente, más nuevo, con aplicaciones de mensajería cifrada y un solo contacto guardado. El nombre del contacto era coordinador. Me senté frente a la pantalla y comencé a leer.

 Las conversaciones abarcaban los últimos 11 meses. No eran mensajes codificados, eran instrucciones directas. Microrregión 8, detener obra del cerro ruta necesaria semana 12 hasta 18 de octubre. Confirmar padrones actualizados. Necesitamos saber quién recibe apoyos en zona sur. Cancelar supervisión, carretera lateral, movimiento programado martes 6 a.

 Había calendarios adjuntos, listas de beneficiarios específicos, mapas de rutas con horarios y eh lo más revelador, había mensajes similares referenciando otras cuatro microrregiones en Puebla. Microrregión 3, microrregión 5, microrregión 11, microrregión 14, cada una con instrucciones parecidas, cada una con un delegado facilitando operaciones.

Le pregunté al analista si había identificado el número de coordinador. Estaba registrado a nombre de una empresa de logística en Jalisco, pero los metadatos lo ubicaban frecuentemente en Zapopan y Tlajomulco. Zonas conocidas por presencia operativa del CJNG. Le dije que preparara el informe completo, porque esto ya no era solo el caso López Hernández, era una red de coptación institucional operando en cinco municipios simultáneamente.

 El sábado por la tarde traje al hermano nuevamente a sala de interrogatorio, esta vez sin abogado porque lo solicitó, le puse el teléfono sobre la mesa y le dije que ya sabíamos todo lo que contenía, que ese dispositivo lo convertía en pieza clave de una operación criminal. Él miró el teléfono durante varios segundos sin decir nada.

 Luego me preguntó qué pasaba si cooperaba. Le expliqué que la fiscalía consideraba beneficios procesales para testigos colaboradores, dependiendo de qué tan completa fuera la información. Respiró profundo y empezó a hablar. Me dijo que el teléfono no era suyo, que se lo había dado su hermana el día antes de su renuncia con instrucciones de esconderlo en un lugar seguro, que ella le había dicho que si algo salía mal, ese teléfono era su seguro de vida, porque contenía información que muchas personas no querían que saliera.

 que él leyó algunos mensajes por curiosidad y supo que su hermana no operaba sola, que había más delegados haciendo lo mismo y que todos recibían órdenes de la misma persona. Le pregunté si sabía quién era coordinador, me dijo que no, pero que una vez escuchó una llamada donde ella decía, “Sí, licenciado, entendido, lo manejo desde aquí.

” Septiembre después de un evento oficial, le pregunté si conocía a los otros delegados. me dijo que no personalmente, pero que su hermana a veces mencionaba que no era la única que estaba en esto, que había otros que también recibían apoyo y que todos respondían arriba. Le pregunté qué significaba apoyo. Me dijo que era la forma en que ella se refería al dinero extra, a los regalos, a todo lo que no venía de su sueldo oficial, que mientras hiciera lo que le pedían y mantuviera la boca cerrada, el apoyo seguiría llegando. Le pregunté si alguna

vez mencionó qué pasaba si no cooperaba. Asintió. me dijo que ella una vez comentó que la gente arriba no negocia, solo cobra o cobra. Pasé el resto del sábado cruzando la información del hermano con los mensajes del teléfono. Cada declaración coincidía con fechas, horarios y contenidos específicos. No estaba inventando, estaba confirmando lo que ya teníamos documentado.

 El domingo por la mañana el equipo terminó de identificar las otras cuatro microrregiones mencionadas. Preparamos perfiles preliminares de cada delegado, nombres, fotografías, redes sociales, eh registros patrimoniales. Tres mostraban el mismo patrón que López Hernández. Salarios bajos, estilos de vida inexplicables, publicaciones mostrando viajes y lujos.

 Los otros dos eran más discretos, sin presencia pública notable, pero con indicios patrimoniales que no cuadraban. Si tienen información sobre redes de corrupción en instituciones públicas, les pido que compartan esos datos. Cada detalle cierra círculos que parecían imposibles de cerrar. El domingo por la tarde coordiné con la Fiscalía Estatal y con nuestras unidades de inteligencia en Jalisco.

 Necesitábamos identificar al al usuario detrás del del contacto coordinador sin alertar a los otros cuatro delegados que seguían operando. El análisis de metadatos nos dio una ventana. El número se había conectado a antenas específicas en Zapopan durante horarios consistentes, probablemente desde un domicilio u oficina fija. Solicitamos rastreo avanzado y vigilancia discreta.

 Si lográbamos identificar físicamente al coordinador, podríamos desmantelar toda la estructura de un solo golpe. Seguimos el metal, seguimos la sangre. En los últimos 18 meses, solo en la microrregión 8 bajo López Hernández se desviaron aproximadamente 4,200,000 pesos de presupuesto público. Si las otras cuatro microrregiones operaban con la misma intensidad, estábamos hablando de más de 20 millones de pesos anuales siendo robados del erario.

 Esa cifra no incluía eh el valor estratégico de los favores operativos. Rutas despejadas, supervisiones canceladas, información filtrada sobre padrones. El CJNG no solo estaba comprando protección policial, estaba comprando acceso completo a la estructura institucional de desarrollo social. El lunes 27 por la mañana, mientras preparaba este informe, recibimos confirmación de inteligencia en Jalisco.

 Habían identificado el domicilio desde donde el número de coordinador operaba con mayor frecuencia. Era una oficina comercial en una plaza de Zapopan registrada a nombre de una consultoría vinculada a contratos públicos en varios municipios de Jalisco y Puebla. El titular era un abogado con antecedentes por lavado de dinero absuelto por falta de pruebas en dos ocasiones anteriores.

 Solicitamos vigilancia intensiva y preparación de orden de cateo. Si ejecutábamos correctamente, podríamos capturar no solo al coordinador, sino también toda la documentación que demostraba cómo operaba la red completa. La audiencia inicial de López Hernández está programada para mañana, martes 28 de octubre a las 10 de la mañana.

 La fiscalía solicitará prisión preventiva por riesgo de fuga y obstaculización. Tenemos evidencia documental, testimonial, pericial y electrónica que sostiene cada cargo. Su defensa argumentará persecución política. Nosotros presentaremos hechos, números y cadenas de custodia que resistirán cualquier cuestionamiento legal.

 Pero el caso ya no termina con López Hernández. Tenemos identificados a cuatro delegados más operando bajo el mismo esquema en Puebla. Dos en Tehuacán, uno en Atlixco y otro en Cholula. Todos recibiendo instrucciones del mismo coordinador, todos facilitando operaciones para el CJNG, todos viviendo con recursos que no corresponden a sus salarios oficiales.

Las órdenes de cateo simultáneas están siendo preparadas. Cuando las ejecutemos lo haremos al mismo tiempo en las cinco ubicaciones para evitar que se alerten entre sí. La agenda negra que López Hernández intentó tirar por la ventana contenía 27 alias. Hasta ahora hemos identificado plenamente a 19.

 Los ocho restantes están siendo rastreados. Cada alias conecta con estructuras más amplias, con operadores en Jalisco, Veracruz y Michoacán. La red es más extensa de lo que cualquiera anticipaba. El teléfono con el contacto coordinador sigue siendo analizado. El último mensaje enviado desde ese dispositivo fue el 22 de octubre a las 11 de la noche, un día antes de que López Hernández renunciara.

 El mensaje decía, “Si caes, cae sola, ya sabes las reglas, borra todo y no menciones nombres.” Ella no borró todo, guardó el teléfono como seguro de vida y se lo dio a su hermano. Esa decisión va a costarle años de cárcel a ella, pero va a desmantelar una estructura que lleva operando desde al menos 2023. Los 900,000 pesos encontrados en la caja fuerte ya están en proceso de extinción de dominio.

 Las propiedades registradas en los contratos están siendo embargadas. El hermano está cooperando bajo acuerdo preliminar de reducción de cargos a cambio de testimonio completo. La Jeep Wrangler Rubicon permanece bajo resguardo como evidencia material. No es solo un vehículo, es el símbolo perfecto de cómo funciona la coptación institucional.

Alguien regaló esa camioneta calculando que el retorno de inversión en favores institucionales superaría ampliamente el millón de pesos que costaba y durante 18 meses ese cálculo fue correcto hasta que dejó de serlo. En las últimas 72 horas hemos detectado movimientos irregulares en dos de los cuatro delegados identificados, retiros de efectivo fuera de lo común, cancelación de compromisos oficiales, cambios en rutinas diarias.

¿Saben que algo está pasando? Quizás alguien les avisó que López Hernández cayó, quizás sienten que el cerco se acerca. No importa, las órdenes están firmadas y los operativos están calendarizados para cuando se den cuenta de que es su turno, ya será demasiado tarde para huir. Lo que comenzó como la investigación de una delegada que presumía lujos en Instagram, se convirtió en el desmantelamiento de una red de corrupción institucional que operaba en múltiples municipios, eh facilitando operaciones criminales del

CJNG a cambio de dinero, vehículos de lujo y protección. López Hernández era apenas una pieza visible. Detrás de ella había un coordinador dando órdenes, otros cuatro delegados ejecutándolas y una estructura diseñada para durar años sin levantar sospechas. Mañana cuando López Hernández entra a esa sala de audiencias, no solo enfrentará los cargos en su contra, enfrentará el hecho de que el teléfono que intentó proteger terminó exponiendo a todos los demás, que su hermano habló, que las reglas que creía sólidas se desmoronaron y que el

coordinador que le prometió protección mientras obedeciera ahora está siendo rastreado y probablemente preparando su propia salida antes de que lleguemos. El CJNG construye redes donde cada pieza protege a las otras, pero cuando una pieza cae y decide hablar, toda la estructura comienza a temblar.

 Los otros cuatro delegados ahora saben que López Hernández está detenida. Lo que no saben es que tenemos el teléfono, que leímos cada mensaje, que identificamos al coordinador, que las órdenes de Cateo ya están firmadas y que en algún momento de esta semana, mientras ellos intentan decidir si huir o quedarse, nosotros vamos a tocar sus puertas con arietes y órdenes judiciales.

 ¿En cuántos municipios más de México hay delegados facilitando operaciones criminales en este momento, recibiendo instrucciones por teléfonos cifrados y cobrando favores con dinero del erario mientras las comunidades que deberían servir siguen esperando apoyos que nunca llegan?