Buenas noches, México. Un día más vengo a a informarles sobre nuestro país. Llegamos a Uruapan con una misión clara: proteger a la nueva alcaldesa, garantizar su seguridad y asegurar que lo ocurrido con Carlos Manso no volviera a repetirse. Pero nunca imaginé que el mayor obstáculo no vendría de los grupos criminales que acechan Michoacán, sino desde las propias oficinas del gobierno estatal.

 Lo que descubrimos durante esas primeras horas me dejó una sensación de incredulidad que aún hoy me cuesta procesar. Cuando Grecia Quiro tomó protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan el 5 de noviembre, yo ya llevaba dos días supervisando personalmente el operativo de seguridad. Coordinamos el despliegue de 400 elementos federales, instalamos puntos de revisión en las entradas principales del municipio y diseñamos un protocolo especial de protección para ella.

 Sin embargo, había una pieza fundamental que nos hacía falta, un sistema de videovigilancia en su domicilio particular. El 4 de noviembre, un día antes de la toma de protesta, acompañé a Grecia a su reunión con la presidenta Claudia Shabound en Palacio Nacional. Durante ese encuentro que duró aproximadamente dos horas, la viuda de Carlos Manso nos compartió algo que encendió todas las alarmas entre lágrimas, pero con una firmeza que me sorprendió, nos reveló que había recibido amenazas directas a su teléfono celular. Mensajes atribuidos al cártel

Jalisco Nueva Generación, que no solo la mencionaban a ella, sino también a sus hijos, a su dirección exacta y a los horarios en que salía de casa. Salimos de esa reunión con instrucciones precisas de la presidenta. Debíamos garantizar la seguridad de Grecia Quiroz con todos los recursos disponibles. Inmediatamente contacté al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y comenzamos a trazar el plan de protección.

 Entre las medidas prioritarias estaba la instalación de un sistema de cámaras de seguridad perimetral en su domicilio, tecnología de punta, que nos permitiría monitorear en tiempo real cualquier movimiento sospechoso. Ese mismo día, alrededor de las 8 de la noche, hice la llamada al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Le expliqué la situación con total transparencia.

 Le detallé las amenazas recibidas, el nivel de riesgo que enfrentaba la nueva alcaldesa y la urgencia de implementar medidas extraordinarias de seguridad. Específicamente, eh le comuniqué nuestra intención de instalar un sistema de videovigilancia federal en el domicilio de Grecia Quiroz como parte del protocolo de protección a funcionarios en riesgo alto.

 Su respuesta me tomó completamente desprevenido. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Luego, con un tono que intentaba sonar conciliador, pero que delataba incomodidad, me dijo que necesitaba consultarlo con su equipo jurídico. Me pareció extraño considerando la gravedad de la situación, pero le di el beneficio de la duda.

 Le expliqué que cada hora contaba, que las amenazas eran específicas y que no podíamos darnos el lujo de esperar. Pasaron 3 horas sin recibir respuesta. Volví a llamar cerca de las 11 de la noche. Esta vez la conversación fue diferente. El gobernador Bedoya me indicó, con palabras cuidadosamente medidas, que la instalación de cámaras federales en domicilios particulares dentro de Michoacán requería una autorización especial del Congreso local.

 Argumentó temas de privacidad, de jurisdicción estatal y de procedimientos que según él no podíamos saltarnos. Le respondí con los hechos. Le recordé que Carlos Manso había sido asesinado apenas 4 días antes en un ataque que ocurrió a plena luz del día frente a cientos de personas, a pesar de contar con escolta, le mencioné que su propia fiscalía estatal había confirmado que el agresor dio positivo en metanfetaminas y marihuana evidenciando la participación del crimen organizado.

Le pregunté directamente si estaba dispuesto a asumir la responsabilidad si algo le ocurría a Grecia Quiroz mientras esperábamos trámites burocráticos. Su respuesta fue evasiva. Me aseguró que la policía estatal podía encargarse de la vigilancia del domicilio, que no era necesaria la intervención federal en ese en ese aspecto específico.

 Insistió en que respetaba nuestra coordinación en temas de seguridad, pero que debíamos respetar también las atribuciones locales. Colgué esa llamada con una certeza, estaba bloqueando deliberadamente la instalación de las cámaras. Al día siguiente, 5 de noviembre, mientras Grecia Quiró se preparaba para tomar protesta en el Congreso en Michoacán, mi equipo y yo analizábamos alternativas.

Revisamos cada marco legal, cada protocolo de colaboración entre Federación y Estados. Consultamos con la Consejería Jurídica de la Secretaría de Seguridad. La conclusión fue clara. teníamos facultades para instalar el sistema de videovigilancia sin requerir autorización estatal. Amparados en la ley de seguridad nacional y en el convenio de coordinación que el propio Bedoya había firmado meses atrás como parte del plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Decidí actuar.

 Ordené a un equipo técnico especializado de la Guardia Nacional que se trasladara al domicilio de Grecia Quiroz con el equipo necesario. 12 cámaras de alta definición con visión nocturna. sensores de movimiento perimetral y un sistema de monitoreo conectado directamente a nuestro centro de comando en Morelia. Todo listo para instalarse en un máximo de 6 horas.

 Llegaron a la casa alrededor de las 10 de la mañana. Grecia Quiros ya estaba en el Congreso a punto de rendir protesta. Dejamos personal de seguridad en el lugar y comenzamos el trabajo. Eh, los técnicos empezaron por el perímetro exterior, identificando los puntos ciegos, eh las posibles vías de acceso, los ángulos donde se podría eh ocultar un vehículo sospechoso.

 No habían pasado 40 minutos cuando recibí una llamada que confirmó mis sospechas. Era el subsecretario de gobierno estatal, precisamente Juan Manso, hermano del alcalde asesinado. Su voz sonaba tensa, incluso molesta. me informó que acababa de recibir instrucciones directas del gobernador Bedoya de detener la instalación de las cámaras.

 Le pedí que me pasara la instrucción por escrito que necesaba un documento oficial que respaldara esa orden. Nunca llegó ese documento. En su lugar, minutos después apareció en el domicilio una patrulla de la policía estatal. Dos oficiales se acercaron a nuestro equipo técnico y le solicitaron, con educación, pero con firmeza, que suspendieran los trabajos hasta que se aclarara la situación jurídica.

 Llamé de inmediato al comandante de la Guardia Nacional en el lugar y le di una instrucción precisa, continuar con la instalación. Teníamos el respaldo legal y más importante aún, teníamos la responsabilidad de proteger una vida. Lo que ocurrió después fue una especie de teatro burocrático absurdo. Los policías estatales permanecieron en el lugar observando, pero sin intervenir directamente, realizaban llamadas constantes a sus superiores, reportando cada movimiento de nuestro equipo.

Mientras tanto, yo coordinaba desde el Congreso de Michoacán, donde estaba presente para la toma de protesta de Grecia. Fue precisamente durante esa ceremonia que pude observar algo revelador. Eh, el gobernador Bedoya llegó acompañado de su equipo de seguridad, saludó a algunos diputados locales, pero evitó deliberadamente cualquier contacto con nosotros, los representantes federales.

 Ni siquiera volteó hacia donde estábamos el general Trevilla y yo. Esa actitud me confirmó que había algo más detrás de su negativa a las cámaras. Cuando Grecia Quiroz terminó de rendir protesta alrededor de las 3:30 de la tarde, la escoltamos de regreso a su domicilio. Durante el trayecto aproveché para explicarle lo que estaba ocurriendo.

 Le conté sobre la resistencia al gobernador, sobre el intento de frenar la instalación de las cámaras y sobre nuestra decisión de continuar con el operativo a pesar de las presiones. Eh, su reacción me sorprendió, no mostró miedo, sino indignación, me miró directamente a los ojos y me dijo algo que no olvidaré.

 Secretario, mi esposo lo mataron porque no tuvo la protección necesaria. No voy a permitir que la política ponga en riesgo a mis hijos. En ese momento entendí que no estábamos protegiendo solo a una alcaldesa, sino a una mujer que había perdido al amor de su vida por la ineptitud y posible complicidad de las autoridades locales.

Llegamos a su casa cerca de las 4 de la tarde. Para entonces, el equipo técnico había logrado instalar ocho de las 12 cámaras previstas. Los policías estatales seguían presentes, ahora acompañados por un funcionario de la Secretaría de Gobierno del Estado, que intentó nuevamente argumentar temas legales para detener los trabajos.

Le solicité que me mostrara una orden judicial, un amparo cualquier documento legal que sustentara su posición no tenía nada. Fue en ese momento que que tomé una decisión que sabía tendría repercusiones políticas. Llamé directamente a la presidenta Shabound y le reporté la situación en tiempo real. Le expliqué que el gobernador Bedoya estaba obstaculizando activamente las medidas de protección para Grecia Quiroz.

 Le mencioné las evasivas, las llamadas sin respuesta, el envío de policías para intimidar a nuestro equipo técnico. La respuesta de la presidenta fue contundente. Me autorizó a completar la instalación con todos los recursos necesarios y me instruyó a documentar cada una de las acciones de obstrucción por parte del gobierno estatal.

 Me pidió que generara un informe detallado que ella presentaría en la siguiente reunión del gabinete de seguridad. Esa respuesta me dio la tranquilidad y el respaldo que necesitaba. Regresé con el funcionario estatal que seguía intentando negociar. Le comuniqué con la mayor claridad posible que teníamos instrucciones directas de la Presidencia de la República de completar el sistema de seguridad.

 Le ofrecí la posibilidad de que personal de la Policía Estatal participara en el monitoreo conjunto de las cámaras en un gesto de coordinación interinstitucional. Rechazó la oferta y se retiró del lugar. No sin antes advertir que el gobernador presentaría una queja formal. Para las 7 de la noche de ese 5 de noviembre, el sistema de videovigilancia estaba completamente instalado y operativo.

 12 cámaras de alta definición cubrían cada ángulo del perímetro de la Casa de Grecia Quiroz. Sensores de movimiento activaban alertas eh automáticas en nuestro centro de comando. Teníamos eh capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación irregular. Esa noche me quedé hasta tarde revisando las transmisiones en vivo desde nuestro puesto de mando en Morelia.

 Observaba las calles vacías alrededor del domicilio, los elementos de la Guardia Nacional haciendo rondines cada 20 minutos, las luces de la casa encendidas donde Grecia intentaba procesar todo lo ocurrido en las últimas 72 horas de su vida. Pero mi mente seguía regresando a la misma pregunta. ¿Por qué el gobernador Bedoya se opuso con tanta vehemencia a la instalación de las cámaras? analicé todas las posibilidades.

 Quizá era un tema de ego político, de no querer que la federación aparentara hacerse cargo de la seguridad en su estado. Tal vez era un asunto de control territorial, de mantener el monopolio sobre la información de seguridad Michoacán o en el peor de los escenarios existía algo que no quería que viéramos. Los días siguientes me dieron más elementos para entender la situación.

 El 8 de noviembre, cuando iniciamos el despliegue masivo de 1980 tropas bajo la operación Paricutín, observamos patrones extraños en la coordinación con las autoridades estatales. Información que compartíamos en las reuniones de seguridad aparecía filtrada horas después en medios locales. operativos que planeábamos contra objetivos del crimen organizado eran frustrados por coincidencias que alertaban a los delincuentes minutos antes de nuestra llegada.

 Empecé a atar cabos. Eh, revisé los antecedentes del caso de Carlos Manso. El alcalde había denunciado públicamente apenas días antes de su asesinato, la presencia de convoyes armados en las entradas eh de Uruapan. había señalado rutas específicas, horarios y hasta el tipo de vehículos utilizados por el crimen organizado.

 Esa información era de conocimiento del gobierno estatal. Sin embargo, nunca se implementaron operativos para interceptar esos convoyes. Más revelador aún, Carlos Manso había solicitado en repetidas ocasiones el refuerzo de su esquema de seguridad. Tenía escolta municipal, pero había pedido elementos estatales o federales ante las amenazas que recibía.

Su solicitud fue procesada por la Secretaría de Gobierno Estatal, la misma dependencia que ahora intentaba bloquear las cámaras para su esposa. Nunca recibió respuesta positiva. Tres semanas después fue asesinado. Durante mi siguiente conversación con Juan Manso, el hermano del alcalde fallecido y subsecretario de gobierno estatal.

Encontré más piezas del rompecabezas. me confesó en en una charla extraoficial durante un café en Morelia que él mismo había elevado las solicitudes de seguridad de su hermano. Me mostró los oficios fechados en septiembre y octubre, donde Carlos Manso explicaba con detalle las amenazas recibidas. Todos esos documentos tenían el sello de recibido en la oficina del secretario de gobierno. Ninguno había sido respondido.

Le pregunté directamente a Juan Manso si creía que su hermano había sido abandonado deliberadamente por el gobierno estatal. Su respuesta fue cuidadosa, medida, pero reveladora. Me dijo que había negligencia en el mejor de los casos y complicidad en el peor. Me explicó que Alfredo Ramírez Bedoya había llegado a la gubernatura con promesas de pacificación, pero que en los hechos había negociado territorios con grupos criminales a cambio de reducir la violencia visible.

 Esas palabras me helaron la sangre. si eran ciertas, significaba que el gobierno estatal tenía acuerdos tácitos con el crimen organizado. Y si esos acuerdos existían, entonces la instalación de cámaras de videovigilancia federales representaba una amenaza, no para la privacidad de Grecia Quiró, sino para los arreglos oscuros que permitían cierta estabilidad aparente en Michoacán.

 Decidí profundizar en la investigación. Solicité a la Agencia de Investigación Criminal un análisis de los patrones de violencia en Michoacán durante los 2 años de gobierno de Bedoya. Los resultados fueron inquietantes. Eh, había una disminución estadística en homicidios dolosos en ciertas regiones, particularmente en Morelia y Zamora.

 Sin embargo, en esas mismas regiones, la extorsión y el cobro de piso se habían disparado en más del 300%. En otras palabras, había menos muertos, pero más control del crimen organizado. Los cárteles estaban cobrando derecho de piso a comerciantes, transportistas y productores de aguacate sin mayor resistencia de las autoridades estatales.

 De hecho, encontramos reportes de la Guardia Nacional donde elementos federales habían detenido a cobradores de extorsión solo para ver cómo la Fiscalía Estatal liberaba horas después por falta de pruebas. El 9 de noviembre eh realizamos una reunión de coordinación en Morelia con todas las fuerzas de seguridad. Asistieron comandantes de la Guardia Nacional, eh generales del ejército, el fiscal general del Estado y representantes del gobierno de Bedoya.

 Durante esa sesión presenté un análisis detallado de las amenazas contra funcionarios públicos en Michoacán. Revelé que Grecia Quiroz no era la única amenazada. Mostramos evidencia de que casi 40 servidores públicos habían recibido mensajes similares en los últimos 15 días, todos con el mismo patrón. Amenazas atribuidas al cártel Jalisco Nueva Generación, advertencias de incumplimiento de supuestos acuerdos y exigencias de renuncia a sus cargos.

 Lo interesante fue la reacción de los representantes del gobierno estatal. Minimizaron las amenazas, argumentaron que eran tácticas de intimidación sin intención real de ejecutarse y sugirieron que exagerar la situación podía generar pánico innecesario. Yo escuchaba esos argumentos y no podía evitar pensar en Carlos Manso, asesinado apenas 8 días antes por amenazas que probablemente también fueron consideradas tácticas de intimidación.

 Interrumpí la presentación del funcionario estatal y planteé una pregunta directa frente a todos los presentes. Si las amenazas son solo intimidación sin intención de ejecutarse, ¿por qué el gobierno del estado se opone a que instalemos sistemas de videovigilancia que permitirían verificar precisamente eso? El silencio que siguió a mi pregunta fue incómodo y revelador.

 Nadie del equipo de Bedoya respondió. Esa misma tarde tomé otra decisión que sabía generaría fricción. Ordené la instalación de cámaras de videovigilancia federales en los domicilios de otros cinco funcionarios amenazados, tres diputados locales y dos presidentes municipales. No solicité autorización al gobierno estatal, simplemente informé que lo haríamos como parte del protocolo federal de protección a servidores públicos en riesgo.

 Eh, la respuesta del gobernador Bedoya llegó a través de un comunicado público. En un mensaje difundido por sus redes sociales, acusó a la federación de invadir atribuciones estatales y de generar una crisis de confianza en las instituciones de Michoacán. Nunca mencionó las amenazas, nunca habló de la seguridad de los funcionarios, solo defendió su territorio político.

 Yo respondí con hechos. En la siguiente conferencia de prensa revelé públicamente que el gobernador Bedoya había bloqueado la instalación de cámaras de seguridad en el domicilio de Grecia Quiró. expliqué la cronología completa, la solicitud de protección, la negativa estatal, los argumentos burocráticos y nuestra decisión de actuar con base en facultades federales.

 Mostré los documentos, eh las llamadas registradas, eh los oficios enviados sin respuesta, los testimonios de los técnicos que fueron intimidad por policías estatales. No hice acusaciones de complicidad con el crimen organizado. Eso hubiera sido irresponsable sin pruebas contundentes. Pero dejé muy claro que la obstinación de el gobernador había puesto en riesgo la vida de una mujer que ya había perdido a su esposo por fallas en la seguridad.

 Eh, la reacción pública fue inmediata. Organizaciones civiles en Michoacán exigieron explicaciones del gobernador. Diputados de oposición en el Congreso Local presentaron un punto de acuerdo para investigar las omisiones en materia de seguridad. Incluso algunos militantes de Morena del partido de Bedoya comenzaron a cuestionar su gestión en redes sociales, pero lo más importante fue la reacción de Grecia Quiroz.

 Días después, durante una entrevista en medios locales, ella misma confirmó mi versión. explicó que había solicitado protección adicional y que el gobierno estatal le había ofrecido solo escoltas municipales, los mismos que no pudieron evitar el asesinato de su esposo. Agradeció públicamente a la federación por instalar las cámaras y lanzó una pregunta que retumbó en todo Michoacán.

 ¿Por qué el gobernador no quería que hubiera cámaras en mi casa? ¿Qué era lo que no quería que se viera? Esa pregunta sigue sin respuesta hasta el día de hoy. Bedoya nunca ha dado una explicación convincente sobre su oposición a las cámaras. Sus argumentos legales fueron desmentidos por múltiples análisis jurídicos.

 Eh, su discurso de defensa de la soberanía estatal suena hueco cuando se trata de proteger vidas humanas. Hoy, mientras escribo este informe, puedo confirmar que el sistema de videovigilancia en el domicilio de Grecia Quiroz ha funcionado perfectamente. En dos ocasiones, las cámaras han detectado vehículos sospechosos rondando la zona.

 En ambos casos, nuestros elementos respondieron en menos de 3 minutos y lograron identificar y alejar a los a los ocupantes de esos vehículos. ¿Qué habría pasado si hubiéramos cedido las presiones del gobernador? ¿Cuánto tiempo habría tardado una patrulla municipal en responder? ¿Habríamos evitado otra tragedia o estaríamos lamentando una segunda alcaldesa asesinada en Europa? No tengo respuestas definitivas, pero sí tengo convicciones.

 La seguridad de los ciudadanos y de los servidores públicos no puede estar sujeta a negociaciones políticas ni a egos gubernamentales. Cuando un gobernador antepone su control territorial a la protección de vidas, algo está profundamente mal en las instituciones. Michoacán enfrenta una crisis de seguridad que no se resolverá solo con despliegues militares o con operativos de alto impacto.

 necesita autoridades estatales comprometidas genuinamente con combatir al crimen organizado, no con administrarlo. Necesita funcionarios que prioricen la vida sobre la política. El caso de las cámaras bloqueadas por Bedoya es apenas un síntoma de un problema mayor. Es la evidencia de una red de complicidades, omisiones y posibles acuerdos que han permitido que el crimen organizado controle territorios enteros en Michoacán.

 Es la prueba de que en ocasiones el mayor obstáculo para la seguridad no son los delincuentes, sino los propios funcionarios que deberían combatirlos. Seguiremos instalando cámaras, seguiremos protegiendo a quienes están amenazados y seguiremos documentando cada obstáculo, cada negativa, cada acción que ponga en riesgo a los ciudadanos.

 Porque nuestra lealtad no es con gobernadores ni con partidos políticos. Nuestra lealtad es con México y con la obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos sus habitantes. La pregunta que me quita el sueño no es por qué Bedoya bloqueó las cámaras. Eso ya lo sabemos, aunque no tengamos las pruebas definitivas para demostrarlo.

 La pregunta que realmente importa es, ¿cuántos Carlos Manso más tienen que morir antes de que entendamos que la política no puede estar por encima de las vidas? ¿Cuántas Grecias Quiroz más tienen que quedar viudas y amenazadas antes de que las autoridades locales asuman responsabilidad? Hoy Grecia Quiroz duerme un poco más tranquila, sabiendo que 12 cámaras vigilan su casa, sabiendo que si algo sospechoso ocurre, tendremos registro visual y capacidad de respuesta inmediata.

 Pero miles de michoacanos siguen sin esa protección, siguen pagando extorsiones, siguen viviendo con miedo mientras sus autoridades locales miran hacia otro lado. Este no es solo el caso de unas cámaras bloqueadas, es el reflejo de un sistema que ha normalizado la convivencia con el crimen. Y eso, señoras y señores, es algo que no podemos permitir, ¿no? mientras tengamos la capacidad y la voluntad de impedirlo.